Marta Lucía Ramírez propone que los partidos de la coalición presenten un proyecto de ley que permita a la Seguridad Democrática convertirse en ley.

Se busca consenso en la bancada de gobierno para convertir en Ley de la República la Seguridad Democrática.

Ayer en el encuentro de los directores y los voceros de la coalición uribista, con el fin de iniciar un trabajo legislativo integrado, la Senadora Marta Lucía Ramírez, propuso que los partidos de la coalición presentaran un proyecto de ley que permita a la Seguridad Democrática convertirse en ley.

Ramírez, ofreció para su discusión un borrador de proyecto de ley, el cual se espera sea estudiado durante el mes de febrero y presentado al inicio de las sesiones ordinarias en marzo.

El proyecto que por el momento se titula “Por la cual se establece el sistema de Seguridad y Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones” y que marcaría una nueva etapa de trabajo de la bancada de gobierno, busca que la Seguridad Democrática perdure aún después de la finalización del periodo de Álvaro Uribe como Presidente de la República.

Los cinco puntos principales de esta iniciativa son los siguientes:

1. Obliga a que el control del Estado sobre el territorio sea completamente permanente (con lo cual no existe posibilidad alguna de despejes en negociaciones con grupos armados al margen de la ley).

2. Se propone presencia permanente y mayor en zonas de frontera por parte de la fuerza pública con el fin de evitar el tráfico de armas, estupefacientes, grupos armados al margen de la ley, mafias y la consecución de otros crímenes como la trata de personas. Específicamente permite la creación de un comando conjunto.

3. Se organizan y aclaran las diferentes funciones que deben cumplir los diferentes elementos e instituciones que componen la seguridad en Colombia, se crea un consejo de seguridad y defensa nacional y se obliga a la existencia de un marco de seguridad y defensa con participación de la ciudadanía.

4. Se armoniza la legislatura para que no existan contradicciones entre este proyecto de ley y la recién aprobada Ley de inteligencia.

5. Se abre la posibilidad para que existan constantes consejos de seguridad que permitan definir las prioridades tanto en los municipios como en los departamentos atendiendo a la necesidad de reenfocar el trabajo del Estado en la seguridad ciudadana.

Marta Lucía Ramírez visita el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar.

Ante las denuncias realizadas por las mujeres de la Liga de Mujeres desplazadas de Turbaco, en el departamento de Bolívar, acerca de la violencia de género, la Senadora Marta Lucía Ramírez, convocará a una rendición de cuentas pública a las autoridades de la región.

La Senadora, quien es autora de la ley de desplazados, socializará con la población desplazada los alcances y beneficios de la ley.

La precandidata presidencial, exigirá una rendición de cuentas a las autoridades municipales, departamentales, policivas y militares, sobre el tema de inseguridad que se ha venido registrando en la “Ciudad de las Mujeres” y el Municipio de Turbaco, con el fin de fortalecer los mecanismos de prevención y protección de las mujeres.

Ni siquiera con 44 millones de atentados terroristas más, podrán acabar con la voluntad de lucha de nuestra fuerza pública.

Ante la explosión ocurrida en la calle 81 con carrera 9, esta noche en Bogotá, la Senadora Marta Lucía Ramírez, expresó que “Es inaceptable que ante los hechos ocurridos, el Alcalde de Bogotá, ni siquiera haya puesto en práctica el libro blanco de la seguridad de Bogotá, ni haya contestado a la propuesta que le enviamos de crear una Secretaría de Seguridad, que se encargue de hacer permanentemente un trabajo de inteligencia con la policía, para identificar milicianos, fortalecer la cultura ciudadana, por la seguridad de todos y prevenir adecuadamente cualquier tipo de acción terrorista”.

La Senadora y precandidata presidencial, señaló que “Los criminales que mediante el terror contra la población civil indefensa, aún creen que van a poder doblegar a la ciudadanía y al estado colombiano, deben saber que ni siquiera con 44 millones de atentados terroristas más, podrán acabar con la voluntad de lucha de nuestra fuerza pública, respaldada por todo el pueblo colombiano en contra del terrorismo”.
“La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos deben calificar esta nueva atrocidad contra dos seres humanos a quienes en forma canalla y cobarde, les quitaron la vida y contra tantas personas del común que resultaron heridas luego de un dia de trabajo, cuando por fin regresaban a sus hogares en busca del descanso y de la reunión en familia”, concluyó.

Las medidas de la Alcaldía de Bogotá son populistas, tardías y poco efectivas.

Ante las medidas adoptadas por el Alcalde Samuel Moreno, que incluyen la prohibición de licor en 9 zonas de Bogotá y el toque de queda para menores de 18 años, la Senadora Marta Lucía Ramírez, afirmó que dichas medidas son populistas, tardías y poco efectivas.

“He insistido en la creación de una Secretaría de Seguridad para Bogotá. Es imperdonable que se den casos como el del estudiante de periodismo, Juan Pablo Arenas y se presenten tantos hechos graves de violencia para que la Alcaldía tome medidas”, aseguró.

Para la Parlamentaria, “La seguridad no puede ser sólo para los estratos 5 y 6, la seguridad urbana debe ser para todos. No sólo en la 85 con 15 atracan y matan por un celular, también en localidades como Patio Bonito y Barrios Unidos y es a ellos a quienes deben extenderse las medidas, para protegerlos más eficazmente de los problemas que afectan la seguridad ciudadana”.

“El Alcalde debe proceder a sellar cualquier establecimiento donde se venda a menores de edad, no importa la hora, hay que ser drásticos en el tema. No basta con incluir a los contraventores en listas negras. Debe haber un balance entre la seguridad, las normas y la convivencia ciudadana”, agregó.

Para Ramírez, “Particularmente, la inversión en la niñez y la adolescencia, resulta ínfima respecto de las grandes necesidades de este sector de la población. Del total de 14,1 billones del presupuesto, tan sólo se dedican 1, 7 billones a la estrategia global de niños y adolescentes, programas de educación, integración salud, cultura y recreación, gobierno, hábitat y ambiente, entre otros. Esto no es suficiente, si se tiene en cuenta que son los jóvenes y los niños, quienes representan el 31,5% de los habitantes de Bogotá”.

“Hay que resaltar que los niños y jóvenes bogotanos son muy vulnerables, y aun más cuando la falta de oportunidades ha dado pasó a tragedias como la de los jóvenes de Soacha. Jóvenes sin oportunidades de estudio ni trabajo, y niños sin suficiente apoyo en el proceso educativo, son la combinación perfecta para un retroceso en términos del capital humano en años venideros”, sostuvo.

Según la Senadora “Son estos niños y jóvenes de zonas marginadas, el blanco ideal de grupos armados al margen de la ley, para reclutarlos, ya que se convierten en una salida y una opción real, ante la dura realidad y la falta de oportunidades que tiene los jóvenes bogotanos hoy en día”.

“Reitero la necesidad de una política, tanto local como nacional, enfocada a desarrollar jóvenes y niños con acceso pleno a la educación, básica, secundaria, técnica y superior, acabando con las trampas de pobreza, y otorgando oportunidades reales para estos niños, niñas y jóvenes de tener una vida digna”, concluyó.

A estas alturas no debe haber ningún obstáculo que impida la liberación de todos los secuestrados.

Ante la confirmación por parte del Comisionado de autorizar la participación de la Senadora Piedad Córdoba en la operación humanitaria, la Senadora Marta Lucía Ramírez, afirmó que se alegra por los buenos oficios de Piedad Córdoba y sobretodo por la buena voluntad del gobierno para reunirse y encontrar caminos que permitan el regreso de todos los secuestrados.

“A estas alturas no debe haber ningún obstáculo que impida la liberación de los secuestrados. Piedad Córdoba debe pedir a las FARC que todos los secuestrados sean liberados”, sostuvo.

¿En dónde están los cabos Pablo Emilio Moncayo Cabrera, Libio José Martínez Estrada, Luis Arturo García, Luis Alfonso Beltrán, Robinson Salcedo Guarín, Luis Alfredo Moreno, José Libardo Forero y Salin Antonio San Miguel Valderrama; el teniente William Donato Gómez; los sargentos Arbey Delgado Argote, César Augusto Lasso Monsalve y Luis Alberto Erazo Maya; el coronel Luis Herlindo Mendieta; los capitanes Enrique Murillo Sánchez, Edgar Yezid Duarte Valero, Guillermo Javier Solórzano; los subintendientes Jorge Humberto Romero, Jorge Trujillo Solarte, Carlos José Duarte, Wilson Rojas Medina, Álvaro Moreno, Elkin Hernández Rivas, Luis Hernando Peña Bonilla; el soldado William Yovani Domínguez Castro; los agentes de policía Juan Fernando Galicio Uribe, José Walter Lozano y Alexis Torres Zapata? agregó Ramírez.

Según la ex Ministra de Defensa, “La idea es insistir en que la comunidad internacional presione a las FARC para que se produzca la liberación de todos los secuestrados y porque entreguen una lista de todos los secuestrados en su poder. Las marchas nuestras no han sido suficientes. El gobierno puede autorizar a Lula, Bachelet, Alan García o a un Nobel de paz, siempre y cuando las FARC den la lista de todos los secuestrados que tienen en su poder y las presiones internacional y de Piedad Córdoba, sean para que los entreguen a todos”.

El país necesita restablecer con urgencia el diálogo social.

Es necesario que mediante el ajuste adecuado en las políticas del mercado laboral y las políticas sociales, se de la recuperación de la confianza de los inversionistas y consumidores, y lo que es más importante, la recuperación del diálogo social en Colombia.

Diferentes acontecimientos del orden económico y social, a nivel nacional e internacional, amenazan con quebrar las tendencias favorables de crecimiento económico, inversión extranjera, exportaciones y turismo alcanzadas en Colombia en los últimos años gracias a la política de Seguridad Democrática.

Si bien la tasa de desempleo ha tenido un comportamiento decreciente en los últimos años, el desempleo en la actualidad afecta aproximadamente a 2,1 millones de colombianos a noviembre de 2008, y está concentrado en los dos niveles más bajos de ingresos y, preocupantemente, en grupos de jóvenes y mujeres. De hecho, cada vez más mujeres se emplean en el sector informal en detrimento de las condiciones laborales y de acceso a la seguridad social.

Muchos colombianos encuentran una solución parcial a sus dificultades de consecución de empleo en la informalidad, la cual conlleva no sólo niveles de ingreso y protección social más bajos, sino también menores niveles de productividad y competitividad asociados con subdesarrollo económico.

El escenario económico para el 2009 no es halagador en materia económica, puesto que ya se empieza a sentir el impacto de la crisis de la economía internacional y particularmente en los mercados de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, con lo cual resulta previsible que la informalidad y el desempleo se incrementen.

Es indispensable que el diálogo social contribuya a generar mayores niveles de productividad, mayor capacitación y entrenamiento a los trabajadores y mayores posibilidades de que los trabajadores se beneficien de estos cambios en la productividad.

Desde 1988 tan sólo el 18% de los incrementos salariales se dieron por concertación. El 82% restante responden a la ruptura de las negociaciones en la mesa de concertación salarial. No podemos seguir en este escenario en el que la polarización se ha tomado el país. Necesitamos rehabilitar este diálogo social para una verdadera concertación de políticas sociales y del mercado laboral para lograr con esto aminorar los efectos negativos de la crisis económica internacional en el empleo y evitar una crisis social.

La generación de empleo debe ser un objetivo prioritario de las políticas públicas para mantener niveles de bienestar y garantizar el desarrollo humano, acelerando la creación de una clase media trabajadora. Con esto podrán cumplirse las metas del milenio, permitiendo el desarrollo de una política social de mejor envergadura en el empleo y la generación sostenible de ingresos para las familias, más que derivadas de un gasto asistencialista necesario en la coyuntura, pero difícil de sostener en el largo plazo.

El Estado como un todo, debe velar por impulsar las condiciones para que el sector empresarial genere más empleos para que todos los colombianos con edad y disposición de trabajar encuentren las oportunidades para desarrollarse laboralmente, con una remuneración justa y una seguridad social que los proteja durante su vida y especialmente en la vejez.

EMERGENCIA POR EL DERRUMBE DE LAS PIRÁMIDES ES CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA DEL ESTADO Y DE LA CODICIA DE LOS CIUDADANOS

La emergencia económica de hoy, es consecuencia de la negligencia del Estado y de la codicia de los ciudadanos. Si bien es cierto, que no se puede pasar por encima de los procedimientos legales, también es cierto que el Estado debe ser eficiente y oportuno en el control, para dar seguridad económica a los colombianos.

Falló la Fiscalía, por no aplicar a tiempo las medidas necesarias para evitar la posible estafa y la captación masiva y habitual, prohibida por el decreto 2920 de 1982 y venir a trasladar hace solo 15 días la facultad de policía judicial a la Superintendencia de Sociedades, pero también falló el gobierno, pues la Superintendencia de Sociedades y la Financiera, tuvieron más de un año para poner en cintura esta actividad.

A estas ventas, mediante el sistema de clubes o como se llamen, se les ha debido pedir una relación patrimonial, como sucede en el sector financiero, exigiendo un monto de capital elevado a los accionistas de las empresas que no expusieran los ahorros de los ciudadanos. En todo caso, se debe diferenciar las ventas por clubes de la pura captación masiva y habitual recientemente desarrollada a través del sistema de pirámides.

Es deber del Estado, a través de las diferentes ramas del poder público, garantizar una seguridad integral a los ciudadanos. La seguridad física de las personas, debe ir acompañada de su seguridad económica y de la protección de sus bienes.

Todas las situaciones recientes deben llevarnos a la pregunta obligada ¿Cuál es el Estado que necesitamos? Un estado que garantice seguridad en un sentido amplio para todos y que además, regule, vigile, se anticipe y promueva el desarrollo de la nación y de los individuos.

Llevamos un año largo oyendo los riesgos que sufre la gente por los ahorros en estas empresas y sigue presente el vacío político y la ausencia total de capacidad pro-positiva, pero también pidiendo a los ciudadanos reflexionar sobre la lección aprendida con esta dolorosa experiencia, pues el dinero fácil, la estabilidad y la seguridad normalmente van en contravía.
Llamo a los ciudadanos a reflexionar acerca de la lección: el dinero fácil y la seguridad van en contravía.